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Su segundo gobierno acaba de promulgar varios decretos legislativos netamente atentatorios contra los más elementales derechos de las personas a obtener justicia, ensañándose con especial dedicación contra los familiares afectados por la muerte y desaparición de sus seres queridos (padres, madres, hermanos/as, hijos/as,etc) que vienen reclamando se les haga justicia desde hace más de 20 años ante crímenes de lesa humanidad cometidos por los entes del Estado (fuerzas armadas, policías y otras).
La obsesión de García es la de lograr por todos los medios la liberación de todos los militares y policías acusados ante la justicia de ser los responsables directos de la comisión de estos horrorosos crímenes y no ha encontrado mayor colaboración en sus protervos propósitos que la acción lenta y falta de interés de jueces y fiscales encargados de procesar a estos criminales.Pero tanto este gobierno aprista como los anteriores han mantenido una evidente e innegable actitud obstruccionista ante la acción de pocos jueces y fiscales honestos que han intentado acelerar sus investigaciones pidiendo la información necesaria al Ministerio de Guerra sobre el personal que cometió las matanzas y asesinatos, sobre todo de quienes las ordenaron, principalmente en las zonas alejadas de nuestra serranía, y que con insultante torpeza se han negado cerradamente a entregarla.
Por otro lado García todavía no ha sido llevado ante los tribunales por ser responsable de la comisión de los crímenes de Estado durante su primer gobierno, varios de los cuales se encuentran precisamente en proceso de investigación judicial, de los cuales se ha evadido por la influencia de la burocracia corrupta del Apra dentro del poder judicial. Por ello resulta totalmente comprensible su preocupación por establecer un marco legal que le permita a él como asesino y violador a los derechos humanos, escapar de la justicia. Pero esta impunidad de la que goza actualmente no sera eterna y tendra que asumir su responsabilidad.
¿Qué podemos hacer los familiares de más de 15,000 víctimas de desaparecidos en su gran mayoría por acción criminal de militares y policías que hasta hoy carecemos de información sobre su destino y menos aún del lugar en el que se encuentran sus restos, por un lado, y de otro un número indeterminado de víctimas asesinadas ante testigos, sus cuerpos abandonados, cuyos culpables siguen siendo protegidos por el Estado?
La respuesta es sencilla y simple organizarnos para enfrentar esta política de impunidad que el apra mantiene, a través de acciones conjuntas y reales, para que la opinión pública sepa que la lucha por justicia en nuestro país no ha terminado luego de la sentencia a Fujimori, son muchos los asesinos sueltos y muchas verdades las que la justicia nos debe.
Estos gobernantes trafican con nuestro dolor, han convertido a la justicia no como un medio para remediarlo según los principios de una sociedad civilizada sino como una herramienta para prolongar la tortura y han elevado al crimen de estado a la categoría de institución intocable por la justicia. Pero no será muy largo el camino que esta impunidad recorra, ni les quitará a los asesinos de uniforme el sello de tales porque la sociedad repugna de estas medidas ya que la convierte en víctima potencial de la recurrencia de estos graves delitos de lesa humanidad, por tanto estos DL no les espera otro destino que el tacho de la basura, de donde nunca mas debieran salir.
Desde la Coordinadora Contra la Impunidad - CCI llamamos a todos los peruanos en especial a los familiares de víctimas de crímenes de estado a sumar esfuerzos en las próximas acciones que se llevaran a cabo contra estos decretos, que llevan el nombre de García y todos los asesino, que él pretende defender.
4 de Setiembre de 2010 Coordinadora Contra la Impunidad - CCI
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